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IUC considera que la precariedad que asola Canarias es fruto del tripartidismo

Tanto PSOE como PP han gobernado en los últimos diez años con CC y han sido responsables directos de las áreas más importantes para el desarrollo social de Canarias

 

Santa Cruz de Tenerife a 19-10-2017. Izquierda Unida Canaria, tras hacer un análisis en profundidad de los datos del informe del indicador AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion), achaca esta alta tasa de precariedad social a la mala gestión de los grupos de gobierno de los últimos diez años en Canarias.

No deja de ser llamativo que precisamente hayan sido PP y PSOE los primeros en señalar a CC como única responsable de la mala situación del archipiélago, cuando estas formaciones se repartieron consejerías y gobernaron codo con codo. En el periodo de 2007 a mediados de 2010 (CC acabó el mandato gobernando en minoría) el PP gestionó nada más y nada menos que Agricultura, Ganadería y Pesca (uno de los principales motores económicos de las islas), Economía y Hacienda, y Turismo y Sanidad. Por otro lado, el PSOE ha gobernado junto a CC desde 2011 hasta el año pasado, siendo responsable de la Vicepresidencia, Justicia, Administraciones Públicas, Educación, Igualdad, Sostenibilidad, Empleo, Industria, Energía y Comercio.

Esto no es una mera amnesia política de estas formaciones, es un intento de ocultar su contribución a estas desgarradoras cifras. Hoy por hoy, en Canarias, 448.357 personas, es decir el 21,3% de la población, se encuentra en situación de pobreza; y 236.429 (13,6%) en situación de pobreza severa, aumentando en 7,7 puntos de 2008 a 2016. Durante este periodo además, aumentó a un 10,8% la Privación Material Severa (PMS), un incremento del 6,9% (146.045 personas más), y también la Población con Baja Intensidad de Trabajo en el Hogar (BITH), pasando del 9,3% de 2008 al 29,5% en 2016 (493.378 personas, implicando un crecimiento de 333.867 personas).

Tanto PP como PSOE han sido también responsables directos de situar a Canarias a la cabeza de la pobreza y la exclusión social del Estado, doblando la media de la UE (23%). De no disminuir el 44,6% en riesgo de exclusión, se podrían triplicar todas estas cifras en un corto periodo de tiempo, impidiendo alcanzar el objetivo nacional 2020 para España, que es conseguir que 1.400.000 personas menos estén en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Desde IUC, se pide tanto al PSOE como al PP que abandonen el cinismo y asuman estos datos como propios, mientras que por otro lado, se les exige que contraigan un ejercicio de responsabilidad con la ciudadanía canaria y dejen de ser en futuros gobiernos la pata que sostenga a los incompetentes ejecutivos de CC.

 

 




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No habrá, de momento, regasificadora en el Puerto de Granadilla

El trabajo conjunto entre la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, colectivos y demás agentes políticos de la izquierda alternativa de Canarias logra que se paralice el plan para la regasificadora de Granadilla

 

Santa Cruz de Tenerife a 13-10-2017. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha dedicido negar la autorización a Enagás, a través de su sociedad Gascan, para llevar a cabo la regasificadora de Granadilla.

Tal como señala el informe de la CNMC, se puede dar el caso de que el documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas con su debida previsión de demanda, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones a realizar se encuentre hoy por hoy desfasado debido al largo periodo de tiempo transcurrido. Además, “el Proyecto está incompleto al no estar diseñado en su actual configuración para prestar algunos de los servicios previstos en el Anexo del Real Decreto 984/2015″.

Ya en octubre de 2015, Izquierda Unida Canaria advertía de la inviabilidad en las alegaciones trabajadas con la Plataforma Contra el Puerto de Granadilla, en las que se destacaba que “no se cumplía la distancia mínima de 2.000 metros entre la futura instalación de la regasificadora y las zonas habitadas más cercanas” y además se señalaban “deficiencias importantes en el estudio de seguridad, que no aporta datos ni información concreta de los efectos de los posibles accidentes de la planta regasificadora”.

El Gobierno de Canarias tiene ahora una oportunidad estupenda para cumplir con una de sus mayores promesas a la ciudadanía canaria, que no es otra que la invertir en energías renovables. Canarias es un enclave perfecto e idóneo para ser pionera en energías limpias, así que IUC emplaza al gobierno regional para que empiece a trabajar en serio por el medio ambiente e invierta en renovables.




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IUC considera inaceptables las declaraciones de Clavijo sobre la colocación de excargos de CC en su equipo de gobierno

Fernando Clavijo reconoció tras una interpelación de la diputada socialista Patricia Hernández haber colocado en su equipo de gobierno a ex concejales y ex alcaldesas como compensación económica tras haber perdido sus sueldos públicos en diversos ayuntamientos

Santa Cruz de Tenerife a 11-10-2017. Se ha confirmado tras la intervención de Patricia Hernández, diputada del PSOE en el Parlamento Canario, lo que se ha sospechado durante décadas: la mayor parte del personal eventual en las instituciones no se contrata teniendo en cuenta las aptitudes, capacidad o formación, sino el color político. De hecho, las afirmaciones de Clavijo fueron rotundas al reconocer que “esto lo hemos hecho todos los partidos y así es la democracia”.

El “enchufismo” es uno de los mayores males de los que adolecen las instituciones, pues supone un gasto importante en las arcas públicas sin que al final resulte en algún tipo de beneficio para la ciudadanía. El mismo caso mencionado por la diputada socialista del ex concejal herreño, Diego Acosta, es un gran ejemplo de lo que supone destinar 18.200€ al año a su sueldo para que al final no se observen resultados positivos en el trabajo diario de la política pública. Con toda seguridad, esos 18.200€ serían más útiles en partidas de educación, sanidad o igualdad.

El caso también de la nacionalista Melissa Armas es escandaloso, ya que ha pasado de la alcaldía de Frontera (5.000 habitantes) cobrando 40.000€ a asesora del vicepresidente con un sueldo anual de 47.000€. Manejando el concepto de democracia tal como lo plantean muchos dirigentes en Canarias, es posible explicar la falta de recursos y las carencias en nuestras islas.

La formación de izquierdas se lamenta de que el actual Presidente del Gobierno de Canarias sea hoy el mayor exponente de ese pobre concepto de democracia, despojándola de su valor y sentido original para otorgarle el que interesa a las oligarquías. Esto implica que para que haya un verdadero cambio en Canarias, se hace necesaria la renovación íntegra de las instituciones.




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El PSOE reafirma su machismo admitiendo la afiliación de Érmetes Brito

Érmetes Brito fue expulsado de Izquierda Unida Canaria tras realizar comentarios machistas y misóginos en un medio de comunicación

 

Santa Cruz de Tenerife a 5-10-2017. Se ha conocido de manera oficial por diversos medios de comunicación que el ex concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, expulsado de dicha formación por su opinión machista en torno a la Ley de Violencia de Género y referencias a la compañeras feministas como “amazonas”, ha tramitado su afiliación en el PSOE palmero, la cual ha sido aceptada sin impedimentos.

Esto demuestra, una vez más, el pseudofeminismo con el que PSOE canario disfraza su incipiente y creciente machismo institucional. Sin lugar a dudas, este hecho aclara por qué a día de hoy el PSOE no ha expulsado al aún edil de La Laguna, Zebenzuí González, y se entienden mejor las declaraciones de Martín durante el pleno del pasado sábado, asegurando que de esos mensajes se dan “interpretaciones” y “se organiza un teatro” para desacreditar al partido socialista.

El PSOE se afianza como muleta del patriarcado defendiendo postulados que favorecen las violencias machistas, que a día de hoy resultan en nada más y nada menos que en 80 feminicidios en el conjunto del Estado.

Izquierda Unida Canaria, como formación de izquierdas defensora de las políticas feministas, considera la admisión de Brito en sus filas como una descalificación más al movimiento feminista por parte de una organización que supuestamente condena la violencia machista. Probablemente, esta incorporación responde a la línea estratégica de la nueva dirección socialista, encabezada por Ángel Víctor Torres, que aunque pueden ser conocedores de que las violencias machistas matan, prefieren seguir perpetuando sus privilegios por condición de género.




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IpH-IUC reclama a Allende que organice la consulta sobre el Parque

El movimiento de izquierda le recuerda que ya en febrero de este año le instó a organizar la consulta para saber la opinión del pueblo herreño

Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria ha reclamado a Allende que organice en serio la consulta sobre el Parque, de forma que no utilice la participación popular como excusa para no posicionarse y dejar morir el proyecto.

Según Abel Fernández, coordinador insular de IpH-IUC, “en febrero de este año pusimos sobre la mesa la propuesta de una consulta al pueblo herreño para conocer su opinión, respondiendo al envite de la Presidenta de que la decisión sobre el Parque Nacional Marino la tomarían los herreños y herreñas. Ocho meses después pone nuestra propuesta sobre la mesa. Si no es una nueva maniobra dilatoria lo que tiene que hacer es organizar esa consulta y posicionarse claramente.”

Para IpH-IUC el anuncio de la presidenta del Cabildo herreño de una consulta sobre el Parque Nacional carece de credibilidad si no se fija plazo para la misma y se ponen en marcha los mecanismos legales para organizarla, siendo un nuevo episodio de la actitud irresponsable con la que el pacto AHÍ-NC a asumido esta cuestión.

“Hemos pasado por todas las excusas posibles, alguna de las cuales ha caído por su propio peso. Primero era que no se conocía el documento, luego que se daban hasta junio, luego la Bajada y ahora se nos saca de la manga una consulta inspirada en el Pacífico Sur. Si el pacto de gobierno insular quiere realmente que el pueblo herreño se manifieste que diga cuándo se va a organizar esa consulta y que se informe a la población de los dos posicionamientos” ha manifestado el coordinador del movimiento de izquierda.




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IpH-IUC califica de acto de cobardía la actuación del Cabildo herreño sobre el Parque Nacional

El movimiento de izquierda considera que ante la actuación irresponsable de la mayoría de las fuerzas políticas del Cabildo es necesaria la presión social

 

Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria ha calificado como acto de cobardía política la postura adoptada ayer por el pleno del Cabildo herreño de no posicionarse apoyando o rechazando claramente la propuesta de declaración del Mar de las Calmas como Parque Nacional Marino, incumpliendo el compromiso adquirido por la propia presidenta de pronunciarse sobre la propuesta en junio del presente año.

Para el coordinador insular de IpH-IUC, Abel Fernández, “lo que han hecho tanto el pacto AHI-NC como la oposición oficial del PP-PSOE es escurrir el bulto ante una propuesta clave para el futuro de la isla, sin tener el coraje político de oponerse claramente a la propuesta y encima escudándose en el caso del pacto de gobierno en un patriotismo de cafetín de dudosa credibilidad.”

Desde el movimiento de izquierdas se considera que frente al documento elaborado por Parques Nacionales lo que ha padecido el pueblo herreño es “una campaña de desinformación con la que se trataba de ocultar la oposición del pacto de gobierno a la propuesta, pero sin pagar el menor coste político para la imagen de ecologismo de postal que han vendido hasta la fecha. A eso hay que añadirle la incoherencia con sus propios actos de proclamar que nadie le marca los tiempos a la presidenta cuando es ella la que fijó el plazo de junio de 2017 para pronunciarse” ha declarado el coordinador del movimiento de izquierda.

IpH-IUC considera que la actuación de la mayoría de las fuerzas políticas presentes en el Cabildo demuestra la necesidad de una presión social que fuerce a las mismas, al menos, a definirse claramente, por lo que pondrá en marcha la campaña ya planificada de explicación y concienciación sobre el Parque Nacional y que será abierta a los colectivos sociales y fuerzas políticas que han apostado por este factor clave para el futuro de la isla.




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IUC Lanzarote muestra su apoyo a la Plataforma por una Vivienda Digna

La escasez de vivienda, así como la subida desmesurada de los precios, provocan que el acceso a la misma sea tan complicado que se llegue a vulnerar el derecho a una vivienda digna

 

Las Palmas de Gran Canaria a 2-10-17. La Asamblea Insular de Izquierda Unida Canaria en Lanzarote (IUC) ha decidido de manera unánime prestar apoyo y mostrar su compromiso con la causa y los objetivos que defiende públicamente la Plataforma por una Vivienda Digna y llama a la ciudadanía a la participación en la reunión que tendrá lugar hoy, a las 18:00 en el Centro Cívico de Arrecife.

La formación de izquierdas entiende que uno de los derechos que más atención y preocupación están suscitando en la sociedad es el del acceso a una vivienda digna y adecuada, en especial en lo referido a la vivienda en régimen de alquiler. A las dificultades que se encuentran ante la escasez de oferta de vivienda de alquiler, se le  añade la escalada de precios que ha traído aparejada, provocando situaciones abusivas ante la necesidad en las que se pretende cobrar cantidades o aplicar medidas de fianza que quedan fuera de la norma aplicable.

Las consecuencias que se están observando a diario son bastante preocupantes: las familias se quedan sin posibilidad de generar ahorro en su economía por hacer frente a las cuotas de arrendamiento, originando situaciones donde la mayor parte de los ingresos están destinados a la vivienda.

Esta situación también se ha convertido en un factor que afecta a la economía insular debido a la pérdida de atractivo de las ofertas de empleo eventual que no ofrece rentabilidad cuando el salario va a ir destinado casi íntegramente a sufragar al alojamiento que se deba adquirir durante el contrato. Esta situación tiene consecuencias más preocupantes cuando se da que muchos de estos trabajos están relacionados con la sanidad y la educación públicas.

La búsqueda de una vivienda digna y adecuada con unas garantías requiere la implicación de todas las instituciones públicas, locales y regionales. Por ello, la Asamblea de IUC Lanzarote ha querido dejar patente que la causa está ampliamente reconocida, no solo por el artículo 47 de la Constitución Española de 1978, sino también por la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado (Art. 13)”; y “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (Art. 25)”.

 

 




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IUC Lanzarote exige el respeto de los derechos laborales de los trabajadores de Canal Gestión Lanzarote

Los trabajadores de Canal Gestión Lanzarote han dado por rotas las negociaciones y han convocado una huelga en los próximos días

Las Palmas de Gran Canaria a 30-09-2017. Después de más de dos meses de negociaciones, se han roto las negociaciones entre los trabajadores de Canal Gestión Lanzarote, empresa que ostenta la concesión de la gestión del ciclo integral del agua en la isla. Tal como expresa el Comité, “los hechos que han motivado que los trabajadores de Canal Gestión Lanzarote hayan decidido por unanimidad tomar esta medida tienen que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos, el marco normativo y el convenio colectivo estatal de captación y distribución de aguas por el que nos regimos, así como la pretensión de la empresa de despedir a 69 trabajadores con contrato celebrados en fraude de Ley”.

IUC Lanzarote, ante esta situación, demanda al Consorcio del Agua de Lanzarote, integrado por el Cabildo y los Ayuntamientos de la isla, que asuma sus responsabilidades y exija a la empresa concesionaria del servicio el cumplimiento de la legalidad y el respeto de los derechos laborales de sus trabajadores.

La actitud que está mostrando Canal Gestión Lanzarote (CGL) solo se puede calificar de irresponsable y temeraria al forzar a los trabajadores a adoptar medidas tan drásticas como la huelga para defender lo que incluso las autoridades laborales han reconocido como legítimo.

Las contratación en fraude de ley de trabajadores para realizar trabajos propios de la producción como si fueran trabajos eventuales por obra y servicio o interinidades, así como la purga que se está dando en el seno de CGL mediante el despido de los trabajadores afectados y que están denunciando los representantes de los trabajadores, son actuaciones que deben rechazarse. Estas conductas, de ética más que cuestionable, no deben ser toleradas en el seno de ninguna empresa que responde al interés público de la ciudadanía y es ahí donde el Consorcio debe tomar cartas en el asunto.

La formación de izquierdas hace un llamamiento para que el Consorcio cumpla con su reglamento, asuma su responsabilidad y obligue a CGL a regularizar la situación laboral de los trabajadores, siguiendo el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, y que readmita a los trabajadores despedidos con los contratos laborales que les corresponden. De lo contrario, no dudaremos en señalar que las consecuencias del conflicto provocado por CGL son responsabilidad de la dejadez del Consorcio y de todos los miembros de su Asamblea General.




IpH-IUC defiende que las Administraciones herreñas adopten la política de “lenguaje claro”

El movimiento de izquierda propone que se asuma el documento sobre “Accesibilidad Cognitiva, Lectura Fácil y Lenguaje Claro en la Administración Pública local” de la FEMP

Laura Rodriguez, coportavoz en El HierroIniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria defiende que las administraciones herreñas asuman y apliquen el documento sobre “Accesibilidad Cognitiva, Lectura Fácil y Lenguaje Claro en la Administración Pública local” elaborado por la Federación de Municipios y Provincias, de forma que se haga más accesible la forma en que la administración se dirige a los vecinos y vecinas.

Para Laura Rodríguez, portavoz del movimiento de izquierda, “de nada sirve proclamar supuestas políticas de transparencia, si cuando cualquier administración se dirige a un vecino o vecina lo hace en un lenguaje inaccesible que parece casi un idioma propio. La incorporación de la accesibilidad cognitiva en la actuación pública municipal o insular permitirá mejorar la comunicación con la ciudadanía y mejorar la participación e integración en la sociedad de las personas con mayores dificultades. “

IpH-IUC entiende que con la aplicación de estas políticas no sólo se ganaría en transparencia y en credibilidad de las instituciones, al demandar los vecinos y vecinas que la información que les llega sea comprensible, directa y ajustada a sus necesidades, algo que rara vez ocurre con las comunicaciones de las administraciones públicas. Además se facilitaría el derecho al acceso a la información para muchas personas, siguiendo directrices en ese sentido de organismos como la UNESCO.

Según la portavoz de IpH-IUC, “este tipo de políticas suelen chocar con la inercia y las resistencias al cambio que se dan en las administraciones públicas, sin embargo, creemos que es un paso necesario para democratizar la sociedad herreña, para romper con la tendencia a oscurecer las actuaciones institucionales incluso en el lenguaje, además de aplicar leyes como las de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad o la ley de transparencia”.

 




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Sí se puede e Izquierda Unida Canaria llevan a los plenos de Candelaria, Güímar y Arafo su propuesta para determinar responsabilidades políticas en la depuración de aguas residuales en el Valle de Güímar

Ambas organizaciones plantean una revisión de los periodos de gestión de los últimos 20 años en el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias

Sí se puede e Izquierda Unida Canaria llevan a los plenos de los Ayuntamientos de Candelaria, Güímar y Arafo una propuesta compartida para determinar responsabilidades políticas en la depuración de aguas residuales, para su debate en las sesiones que se celebrarán la próxima semana. Ambas organizaciones presentan en las corporaciones del valle una moción para instar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a crear comisiones de investigación para determinar las responsabilidades políticas que hayan tenido las personas encargadas de la depuración de las aguas residuales en los últimos 20 años en el Valle de Güímar.

En concreto, las mociones plantean que los ayuntamientos afectados acuerden instar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a crear estas comisiones de investigación para revisar los periodos de gestión de los últimos 20 años en ambas instituciones y determinar las actuaciones que cada responsable político realizó en su etapa de gobierno.

Sí se puede e IUC consideran que los acontecimientos ocurridos este verano en toda la Isla, y especialmente en la costa del Valle de Güímar, han generado en la sociedad una más que comprensible preocupación por el estado en el que se vierten las aguas residuales urbanas e industriales al mar.

La moción recuerda que tanto la organización ecosocialista –en los Ayuntamientos de Candelaria y Güímar– como Izquierda Unida Canaria, a través de su concejal en el Ayuntamiento de Arafo, han presentado varias denuncias ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y ante la Fiscalía de Medio Ambiente que han evidenciado la desastrosa gestión que se ha realizado en la depuración de las aguas residuales en Tenerife y en el Valle de Güímar.

Las denuncias apuntan, entre otras administraciones, a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, como responsable de la vigilancia, entre otras cuestiones, de los vertidos desde tierra al medio marino; la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, por ser responsable de las autorizaciones de vertidos al medio marino.

Igualmente, señalan al Cabildo de Tenerife como administración insular planificadora en materia hidrológica y con competencias en infraestructuras de saneamiento del sistema territorial Polígono Industrial Valle de Güímar y Valle de Güímar. Finalmente, revelan el papel del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, como autoridad de cuenca hidrográfica que ostenta la administración hidráulica de la Isla de Tenerife y a la que corresponde la dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas de Tenerife.

Estas denuncias han provocado una investigación de las personas que en la actualidad ostentan la responsabilidad política de las administraciones señaladas. Sin embargo, ambas organizaciones son conscientes de que “el desastre actual no es responsabilidad en exclusiva de las mandatarias actuales, ya que lo que hoy estamos sufriendo es consecuencia de la dejadez y la nula gestión que durante los últimos cuarenta años se ha hecho en materia de depuración de aguas residuales por los diferentes cargos políticos que tenían que gestionar esta cuestión y que, como norma general, han mirado para otro lado y no han gestionado absolutamente nada”.

Respecto al plazo de 20 años que plantea la moción como periodo a investigar, el grupo municipal en Candelaria detalla que el problema tiene más de cuarenta años, pero “hace ya veintidós que el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife asumió su responsabilidad de dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas de Tenerife, por lo que entendemos que pedir responsabilidades políticas de las últimas cinco legislaturas no es descabellado”.