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Izquierda Unida Canaria y el Partido Comunista de Canarias rechazan la próxima visita de Letizia

La reina Letizia visitará el CEIP San Matías, en la isla de Tenerife, el próximo 11 de septiembre para inaugurar el curso escolar 2017-2018

letizia-tiara-cordon--zSanta Cruz de Tenerife a 07-08-2017. Recientemente ha sido anunciado que la monarca Letizia volverá a visitar la isla de Tenerife el próximo 11 de septiembre, día en que comienza el nuevo curso escolar para el alumnado de primaria. En este caso, la visita se debe a la inauguración del curso y se realizará en un centro público, el CEIP San Matías.

No es comprensible ni entendible que el curso escolar sea inaugurado por una representante de las oligarquías, del sector privado y de las esferas más déspotas de la sociedad precisamente en un centro de educación pública. Es una burla en toda regla a la clase obrera y trabajadora de este país, que año tras año ve cómo desde el Gobierno central y regional se recorta más en la educación pública para desviar más alumnado a la enseñanza privada.

Aún deben pulir mucho desde la Casa Real la imagen de éstos que no han sido elegidos democráticamente después de que en su última visita agrediesen a ocho estudiantes de la Universidad de La Laguna que ejercían su derecho a la protesta de forma pacífica. Se podría pensar que tras aquel fallido intento de lavado, regresan para probar más suerte con un alumnado más joven y menos rebelde.

Para la formación de izquierdas es vergonzoso que desde el Gobierno de Canarias se cedan unas instalaciones públicas para que se utilicen como escenario de este teatro que quieren estrenar desde la Casa Real, una institución que demuestra cada vez más su obsolescencia y su espíritu antidemocrático.

 




Militantes agredidos de la UJCE en Canarias

IUC y PCC consideran que El Gobierno del Estado ampara la violencia

Izquierda Unida Canaria y el Partido Comunista de Canarias consideran que la respuesta del Gobierno de España en torno a las agresiones a jóvenes en la ULL durante la visita real es una legitimación de la violencia desproporcionada

 

Santa Cruz de Tenerife a 4-07-2017. La visita de los monarcas a Canarias no pasó desapercibida en ningún momento, y mucho menos en Tenerife. El pasado 25 de abril un grupo de estudiantes de la ULL fue desalojado violentamente de la Facultad de Física y Matemáticas, donde otras muchas personas intentaron pacíficamente mostrar su rechazo a esta desfasada institución.

Ocho jóvenes, algunos militantes de las Juventudes Comunistas, realizaban un encierro pacífico en una de las aulas. Su acto de repulsa al sistema monárquico y corrupto de nuestro país transcurrió sin complicaciones hasta que, una vez finalizado el acto, irrumpieron en el aula hasta diez supuestos agentes y sacaron a rastras e incluso agarrando del cuello a las personas allí concentradas. Estos hechos fueron denunciados inmediatamente en las dependencias policiales y a día hoy el auto del juez estima parcialmente los hechos, ordenando la reapertura del caso y por tanto, archivando el sobreseimiento de la causa.

Sin embargo, planteado este suceso en el Congreso de los Diputados mediante una pregunta realizada por la diputada de Izquierda Unida, Eva García Sempere, contestan que “en ningún momento hubo agresiones contra estudiantes en el citado día y lugar, sino acompañamiento en su conducción realizado por funcionarios policiales de paisano adscritos a la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, hacia el exterior del edificio, siendo posteriormente identificados por funcionarios policiales uniformados, igualmente adscritos a la citada Comisaría Provincial”.

El gobierno ampara así la violencia ejercida contra este pequeño grupo de estudiantes que se concentraban pacíficamente, algo que Miguel Ángel Pérez, secretario del Partido Comunista de Canarias (PCC) considera “un acto de represión propio de un régimen caduco y corrupto que pretende acallar la legítima protesta a base de golpes”. Por su parte, Ramón Trujillo, coordinador nacional de IUC, manifiesta su “absoluto rechazo a la respuesta del gobierno a la pregunta formulada por Izquierda Unida, de unos hechos que recordamos, están grabados y las imágenes son claras. Confío en que la apertura de nuevo del proceso judicial esclarezca los hechos y depure las responsabilidades que el Gobierno se niega a investigar”.




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Izquierda Unida elevará al Congreso el ataque a los ocho estudiantes durante la visita de los Borbones

Eva García Sempere, diputada de Izquierda Unida en el Congreso, ha registrado una serie de preguntas dirigidas al gobierno en relación a las agresiones perpetradas hacia los estudiantes el pasado 25 de abril

 

20160619_eva_garcia_sempereSanta Cruz de Tenerife a 4-05-2017. El pasado martes 25 de abril los Borbones visitaban las instalaciones de la Universidad de La Laguna (ULL) mientras un grupo de personas intentaban manifestarse en las inmediaciones de la Facultad de Matemáticas y Física.

Mientras, dentro de este edificio, ocho estudiantes, algunos militantes de las Juventudes Comunistas, realizaban un encierro pacífico en una de las aulas. Su acto de repulsa al sistema monárquico y corrupto de nuestro país transcurrió sin complicaciones hasta que, una vez finalizado el acto, irrumpieron en el aula hasta diez supuestos agentes y sacaron a rastras e incluso agarrando del cuello a las personas allí concentradas.

Los agentes que agredieron a este grupo de jóvenes no se identificaron en ningún momento y no dieron pie a que todo transcurriese con calma. A pesar de que los estudiantes no opusieron resistencia, fueron golpeados y maltratados, hasta tal punto que a uno de ellos le hicieron una fisura en un labio, a otro un esguince en el brazo y a los demás les provocaron hematomas por algunas extremidades del cuerpo.

Estos hechos no pueden quedar aislados e invisibilizados, por eso se ha procedido a presentar una denuncia y se trasladará el asunto al Congreso de los Diputados, donde Eva García Sempere preguntará al Gobierno por su valoración ante estas agresiones y las atribuciones de estos escoltas de la Casa Real, con el fin de saber si entre esas atribuciones se encuentran las de detener a un grupo de ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente.